
El objetivo del proyecto es garantizar el ejercicio efectivo del derecho de acceso a la información, promover la participación ciudadana y fortalecer la transparencia en la gestión pública, pilares fundamentales de un sistema democrático y republicano de gobierno.
La iniciativa establece que todos los órganos de los tres poderes del Estado provincial, así como empresas con participación estatal, concesionarios de servicios públicos y entidades privada, estarán obligados a brindar la información requerida por cualquier ciudadano, siguiendo los principios de publicidad, máxima divulgación, gratuidad, no discriminación y facilitación.
El legislador Gispert remarcó que "el acceso a la información pública no debe ser visto como una amenaza, sino como una herramienta de fortalecimiento institucional", y sostuvo que la confianza en las instituciones "se construye con transparencia, no con ocultamientos ni excusas".
La propuesta surge a raíz de recientes situaciones en las que se evidenció la necesidad de modernizar y robustecer los mecanismos de acceso a la información en Córdoba, dado que la actual Ley Provincial N° 8.803 presenta algunas normativas y carece de los principios rectores claros que sí establece la legislación nacional.
El proyecto también invita a los municipios cordobeses a adherir a la normativa para garantizar el acceso a la información pública en todo el territorio provincial.